El juez Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, es decir, dictar intencionalmente una resolución injusta.
Garzón intervino las conversaciones de los imputados sin tener indicio delictivo alguno y permitió que la Fiscalía y la Policía accediera a la información de las charlas. De esta forma, vulneró el derecho de todo acusado a la confidencialidad de lo que habla con su abogado.
El Tribunal argumentó que "no se trata de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo".
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